César Puntriano Rosas, director del Área Laboral de PwC: “Del 100% de órdenes de inspección laboral, más del 50% han terminado en sanción”

Por Guisella Vargas Ochoa

En medio de un escenario en el cual las normas laborales vienen siendo endurecidas por el Legislativo y el Ejecutivo, el director del  Área Laboral de PricewaterhouceCoopers, César Puntriano Rosas, advirtió que más del 50% de las inspecciones laborales concluyen en sanción por lo que recomendó a las empresas hacer una gestión preventiva considerando un diagnóstico del cumplimiento de las exigencias legales para evitar ser multadas por la nueva Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
Refirió además que el 70% de las sanciones que se generan contra las empresas surgen por denuncias presentadas por sus trabajadores y comenta que entre las principales faltas que cometen figuran el no pago de horas extras, la falta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional o el inadecuado uso de las modalidades de contratos.

Igualmente, señaló que es urgente establecer una gradualidad al sistema de multas y dictar una norma que aclare los beneficios que tienen hoy los trabajadores en caso de despido arbitrario.

La implementación de la Sunafil demorará más de lo previsto ¿De qué manera afecta esta situación a las empresas?

Actualmente existe una dispersión de criterios por parte de los inspectores laborales y tenemos una muy diferente calidad técnica por parte de ellos. En tanto, las inspecciones están a cargo del Ministerio de Trabajo y de los gobiernos regionales los cuales a su vez tienen criterios distintos. Este panorama afecta  principalmente a las empresas que tienen operaciones en distintas zonas del país. Por eso es importante contar cuanto antes con la Superintendencia porque permitirá estandarizar esos criterios, además de mejorar los cuadros de inspectores. Esto último es necesario para evitar que se cometan arbitrariedades por falta de conocimiento adecuado de las normas.

¿Esto pasa en todas las regiones?

Sí, pero también ocurre que en algunas ocasiones las inspecciones han respondido a los intereses políticos del presidente regional que buscaba reelegirse y ganar votos multando a la inversión extranjera; entonces se perdía el carácter técnico. El empresariado espera que hayan inspecciones de buen nivel y que no haya diferencias, porque la variedad de criterios técnicos en las inspecciones laborales atenta contra la seguridad jurídica.

Ahora que el ministro de Economía señaló que se modificará la ley de la Sunafil, ¿Cuáles son los ajustes que se tendrían que plantear?

La ley que creó la Sunafil estableció un incremento de modo que las multas subieron en 1,000%. Si a una empresa le detectan que no ha entregado boletas a más de 141 trabajadores, con la legislación anterior la multaban con 5 UIT (S/18,500) y ahora en cambio la multa puede llegar a S/.185 mil. Lo que el ministro Castilla ha ofrecido es establecer una gradualidad. En la ley actual se permite un descuento de hasta el 70% cuando uno no hace impugnaciones y subsana las observaciones, pero igual es una gradualidad que no será muy significativa. Por eso, los empresarios están planteando que sea de 90%.

Pero ya está vigente desde agosto…

Así es, lo que está vigente es la multa máxima pero no se está aplicando porque no existe el reglamento que establezca las multas individuales en cada caso. Esperamos que en el reglamento se incluya un buen régimen de gradualidad, que sea razonable en función al monto de las multas.

¿Qué cantidad de multas se han aplicado durante el presente año?

Del 100% de órdenes de inspección laboral, más del 50% han terminado en sanción en lo que va del año.  Sin embargo, como antes las multas eran muy bajas las empresas preferían pagarlas antes de subsanar sus errores. Eso es una mala práctica. Por eso es que el Estado ha incrementado las multas. (…) Al mes de octubre, se generaron 17,915 órdenes de inspección y de ellas hubo 14 mil informes y 10,700 actas de infracción. 

¿Cuáles son las causas principales que motivan las multas?

Considerando que Lima solo tiene 250 inspectores, hoy en día las inspecciones se hacen a raíz de las denuncias que hacen trabajadores y que incluso se formulan vía página web del Ministerio de Trabajo.  Las inspecciones laborales en el Perú son muy reactivas. Esto es en un 70%.  Ocurren también cada vez que están por vencer los cumplimientos de los pagos de beneficios sociales. Seguramente, en unos días estarán supervisando el pago de las gratificaciones de fin de año.  Es lamentable que no se hagan visitas programadas, los inspectores podrían establecer un cronograma por sectores productivos, pero esto no ocurre por falta de suficientes inspectores y porque no tienen recursos. Se supone que con la Sunafil esto cambiará o mejorará, pero todavía no se ve nada concreto.

Si se aplicaran las inspecciones de manera programadas ¿acaso no se pondría en sobre aviso a las empresas?

No necesariamente  porque no se sabría exactamente cuándo llegarían a las empresas, ya que se trataría de un cronograma por sector. El factor sorpresa sí se requiere en los casos de denuncias.

¿Cuáles son los sectores más fiscalizados?

Actualmente, es el sector construcción; a partir del 2008 le pusieron el ojo al sector debido a los accidentes ocupacionales. También el sector minero está en el ojo de la tormenta, en el ojo de los inspectores. Y ahora está cobrando más importancia es el cumplimiento de la norma de seguridad  ocupacional.

¿Esa norma requiere ajustes?

 Sí, porque la norma de seguridad ocupacional es de difícil aplicación aunque es bien intencionada. Para las empresas transnacionales, mineras, energéticas y otras no hay problemas porque ya están adecuadas a este tipo de normas desde antes pues tienen certificaciones internacionales. Pero esta ley sí afecta a empresa pequeñas que con solo veinte personas ya debe tener un comité de seguridad y salud, un mapa de riesgos, pero no tienen idea de lo que la ley les pide. Cumplir estas exigencias les resulta oneroso.  Frente a ello, la norma ha debido ser difundida por más tiempo antes de su entrada en vigencia. Es cierto que hubo una ley en el 2005 que fue modificada en el 2011, pero no se le ha dado el debido impulso. La ley debería establecer gradualidades de modo que no se exija lo mismo a todas las empresas, sino que precise los requisitos en función al tamaño de la compañía.

¿Qué aspecto de la norma resulta más oneroso para las empresas?

La ley por ejemplo exige que se apliquen exámenes médicos al personal y no excluye a los que laboran medio tiempo, como es el caso de los profesores universitarios. El costo más alto está en las evaluaciones ocupacionales.  Cualquiera no hace estas evaluaciones. Hay empresas que hacen el examen de ingreso pero no el de salida, o hacen algún examen que les ofrece los seguros. Hay empresas que hacen uno pero no el otro y eso quizá podría ser observado por los inspectores.

Dado que se han incrementado las multas y cada vez se endurecen las normas laborales, ¿qué medidas internas deben adoptar las empresas para evitar exponerse a sanciones?

Las empresas tienen que hacer una revisión interna de cómo están ellas en el cumplimiento de la legislación laboral. Tienen que revisar contratos, si están pagando beneficios, cómo están sus planillas, antes de que venga la Sunafil o el Ministerio de Trabajo a mirar. Y luego de esta revisión tienen que hacer las acciones correctivas que correspondan.  Las empresas deben hacer una labor preventiva para evitar ser sancionadas por la Sunafil.

En materia laboral ¿cuáles son las faltas en las que más incurren las empresas?

Muchas empresas carecen de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo; las empresas no llevan un registro adecuado de las vacaciones de su personal; no cumplen el pago de horas extras. Otras no tienen registros de asistencia. Otra debilidad es que las empresas utilizan mal los contratos, tienen al personal a plazo fijo o con contratos temporales pero no los utilizan según lo que establece la ley. Pueden ser demandados judicialmente.

¿Y estos casos son los que más denuncias generan por parte de los empleados?

En muchos de los casos sí. La ley permite usar contratos temporales, pero fija razones, requisitos que se deben cumplir. Pero si no se cumplen esos requisitos y si además los empleadores suspenden el contrato de manera arbitraria, el trabajador puede denunciarlos para requerir una indemnización por despido o su reposición. Todavía hay empresas que tienen gente a la que le pagan honorarios, pero les obligan a tener un horario. No olvidemos además que está vigente la nueva ley procesal del trabajo que acortó el plazo para resolver los juicios laborales.

¿Qué otros vacíos han detectado en el marco legal laboral que deben ser atendidos con urgencia?

Es necesario revisar la protección que tienen los trabajadores contra el despido. Actualmente, se aplica un sueldo por año de indemnización como única reparación. Por otro lado salió el Tribunal Constitucional a decir que no, que el trabajador podría demandar su reposición. Pero ahora los jueces laborales afirman que también los trabajadores pueden pedir una indemnización por daño moral; entonces son tres, esto genera una incertidumbre al no haber un criterio técnico claro para fijar los montos de la indemnización por daños y perjuicios. Debería haber una norma que zanje esto.   

¿Frente a otros países de la región qué tan competitivo resulta nuestro marco laboral para atraer inversionistas de cara al 2014?

Mucho se dice que los costos laborales en el Perú son los más altos de la región, pero yo tomaría eso con pinzas porque no creo que nuestra legislación sea muy rígida. El problema surge a veces por una mala aplicación de las normas por parte de algunos magistrados, principalmente en provincias; o también por parte del ministerio como ocurría en algunas inspecciones de Lima. Eso es lo que más desalienta a los inversionistas.